Amnistia Internacional denuncia el "desinterés" de las autoridades españolas ante el racismo

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves el "desinterés" de las autoridades españolas ante el racismo y la xenofobia, incrementados por el aumento de la inmigración en la última década y la presencia de una importante comunidad gitana en el país.

Las autoridades españolas "abordan con desinterés el fenómeno del racismo y la xenofobia, en un país con una importante comunidad gitana, que tradicionalmente ha sido marginada, y ante el aumento de la inmigración en la última década", denunció la organización en un comunicado.

"Esta desgana aleja a España de sus obligaciones internacionales", lamentó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

AI recuerda que España no ha ratificado "al menos 10 tratados internacionales contra la discriminación de inmigrantes y personas gitanas".

Además lamenta "la inadecuada trasposición" de leyes europeas obligatorias sobre racismo, "la existencia de leyes (...) con artículos declarados inconstitucionales al considerarse discriminatorios" y "la creación tardía, con competencias insuficientes, de organismos especializados".

Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), España es uno de los cinco estados miembros que no publica datos oficiales de denuncias o procesos penales sobre delitos racistas, lo que AI considera "alarmante".

La organización denuncia "incidentes racistas a manos de particulares" y "malos tratos o torturas con componente racista por parte de las distintas fuerzas de seguridad".

Por otro lado, cifra en más de 4.000 las agresiones anuales a manos de grupos racistas contra inmigrantes, indigentes, homosexuales o prostitutas, según el informe RAXEN (Red Europea de Información Sobre Racismo y Xenofobia) de 2006.

Asimismo detecta desinterés "en las actuaciones de las autoridades judiciales y la Fiscalía General del Estado", y pocas denuncias ante la justicia por la dificultad de probarlos, el miedo a las represalias y la desinformación.

Por eso propone al Gobierno diseñar un plan estatal que incluya sensibilizar a la población, medidas para prevenir la tortura y las manifestaciones racistas de las fuerzas de seguridad y la justicia y contra la discriminación múltiple de mujeres.



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